La simulación de contratos en el Estado

Uno de los temas pendientes en la administración pública chilena – y de varios países latinoamericanos- es la precariedad de los contratos de muchos servidores públicos que trabajan bajo la modalidad de honorarios (contrato a honorarios con emisión de boleta por prestación de servicios).

Este año, ad portas del cambio de mando presidencial en marzo próximo, nuevamente vamos a ser testigos de demandas laborales y otras acciones de muchos profesionales que perderán su fuente laboral.

Habitualmente, en las licitaciones del Mercado Público nacional, podemos identificar procesos licitatorios en los cuales se simula un contrato de servicio cuando lo que se requiere, o la función específica a ejecutar, es similar a la de un profesional de planta o contrata.

En este contexto, el Servicio de Salud Arica, se encuentra licitando (vía proceso de licitación Pública) la contratación de un Psicólogo(a) para cubrir necesidades específicas de esa repartición pública.

Al revisar las bases técnicas (Pliegos), podemos identificar funciones que se corresponden a las de un profesional contratado y cumpliendo una jornada laboral como la de cualquier profesional a contrata o de planta. incluso se le asigna la función de “supervisar y/o controlar línea programática designada por la Jefatura Directa”[sic]; situación totalmente anormal, toda vez que la función de supervisión sólo la pueden ejercer aquellos que gozan de la calidad de funcionarios públicos (Personal de planta y/o contrata).

Claramente, se puede inferir que el Servicio de Salud Arica, opta por esta modalidad de contratación a propósito del eterno problema de falta de presupuesto asignado a los sub títulos 21 y 22 (de la glosa presupuestaria). No obstante, al leer la bases técnicas y administrativas queda en evidencia la simulación de contrato en la que incurre este servicio.

En efecto, el presupuesto máximo disponible es de un poco más de un millón de pesos mensuales (US $1.800 aprox.), el contrato es hasta diciembre de 2018.

Si el servicio licitado se lo adjudica una empresa (como debiera ser), al presupuesto disponible hay que restarle el 19% de IVA, aprovisionar el pago de imposiciones y otras leyes sociales (vacaciones proporcionales, etc.) y por cierto el fee de la empresa adjudicataria, que en RRHH en promedio es de un 10%. Sumando y restando, el Estado de Chile le está pagando a un profesional para que cumpla labores de supervisión un poco más de 400 mil pesos (US $700) mensuales.

Este es uno de los tantos temas pendientes en la administración pública de Chile, más allá de las malas prácticas en los procesos de licitación. Hay instituciones públicas que son muy severas al momento de exigir calidad en los servicios que prestan sus proveedores, sin embargo; son demasiado displicentes al momento de cumplir y pagar por los servicios que contratan.

Publicado en febrero 22, 2018